Iagua (16 Septiembre 2011):

 La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha iniciado una ronda de contactos políticos de alto nivel, con el fin de instar a los presidentes de las comunidades autónomas y al Defensor del Pueblo a interponer recursos de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del artículo 94 de la Ley de Aguas que reconoce el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH). 


 Tras conocerse hoy la convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley, la Federación ha confirmado que hará extensiva esta apelación a los parlamentos autonómicos, así como a un centenar de diputados y senadores, llegando de esta forma a todos los políticos habilitados para poner en marcha la herramienta jurídica que declare nula esta norma que atenta "en forma y fondo" contra la Carta Magna. 


 En relación al proceso seguido para la aprobación de la reforma, apuntó que ésta se ha realizado con "agostidad y alevosía" incluida en un paquete de medidas con el fin de que pasara desapercibida ante la opinión pública y conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura.


 Fenacore explica que la Constitución reserva el Real Decreto Ley para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" cuando la cesión de la policía del Dominio Público Hidráulico no lo es, lo que muestra que se ha tratado de agilizar la tramitación y de incorporar la ley al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación. 


 En su opinión, todo hace indicar que a poco más de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta de Andalucía para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional ambos trabajan a "contrarreloj" para encontrar el modelo adecuado que permita a esta región recuperar el control de la cuenca, obviando acatar las sentencias existentes.(Seguir leyendo)